Fuente: www.eleconomista.es

Cada año se firman alrededor de 450.000 hipotecas en España y las haciendas autonómicas ingresaron alrededor de 1.147 millones por el concepto de impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD), según los datos de recaudación de 2017 de las Comunidades Autónomas. De media cada hipotecado se podría ahorrar 2.500 euros, según las estimaciones de Gestha, por este concepto. Pero con casi toda probabilidad los bancos no se estarán quietos ante el cambio legislativo que prepara el Gobierno e imputará el aumento de coste al cliente vía comisiones o intereses.

La banca puede respirar aliviada pese al último giro de toda la polémica del Tribunal Supremo y el impuesto de hipotecas. De hablar de un impacto casi incalculable de más de 20.000 millones, si el alto tribunal hubiera adoptado la decisión de que los bancos debían asumir la devolución del AJD desde 1995, o los 5.000 millones que calculaba el Gobierno que iba a suponer una retroactividad de los últimos cuatro años, las últimas estimaciones apuntan a que los bancos deberán asumir 1.100 millones anuales, según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Sus estimaciones están basadas en la firma de hipotecas que se realizaron en 2017, que ascendieron a 457.590, y la recaudación tributaria de las CCAA por este impuesto. De media, los nuevos hipotecados pagaron de media 2.500 euros por el gasto del AJD.

Este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas y cada una de ellas aplica unos tipos tributarios que oscilan entre el 0,5% y 1,5%. Además, suelen aplicar infinidad de bonificaciones para ciertos colectivos. Dependiendo la región, con el cambio legislativo anunciado por el Gobierno el presunto ahorro para los futuros hipotecados puede variar desde los 3.900 euros y 3.600 euros de Cataluña o Baleares a los 400 euros de Ceuta y Melilla. La base imponible del impuesto se ciñe al precio de compra de la vivienda.

Lo que no está claro es que la banca termine soportando en sus balances el cambio legislativo. Ya con la sentencia del Supremo del 18 de octubre, que desató el actual caos que planteaba que las entidades serían responsables de la liquidación del AJD, las entidades anunciaban que responderían aumentando el precio de las hipotecas para compensar el impacto.

Con el Tribunal Supremo cerrando la puerta un cambio judicial sobre el impuesto y a la retroactividad, se garantizó que no se produjera un daño en los balances al que afrontar reclamaciones millonarias. Ahora con el "a partir de ahora", los bancos tienen margen para ajustar su ofertas a las nuevas condiciones del mercado.