Fuente: www.eleconomista.es

El abogado que representó a la Empresa Municipal de Rivas Vaciamadrid, Ramón Casero, que puso contra las cuerdas a los bancos por el pago del impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD), ha anunciado que recurrirá la doctrina final del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y reclamará responsabilidad patrimonial del Estado.

Tras el fallo de la pasada semana del Tribunal Supremo sobre quién paga el AJD, que decidió que es el cliente quien debe asumir el pago del impuesto, faltaba que la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid se pronunciara sobre los siguientes pasos que iba a seguir, a pesar de ganar los tres primeros procesos.

El abogado que representó a la Empresa Municipal de Rivas Vaciamadrid, Ramón Casero, ha reconocido que hay un "estrecho margen" de maniobra, pero "hay recorrido judicial", acudiendo a recursos extraordinarios, ha dicho en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) e Icade, celebrado en la Universidad Pontificia Comillas, sobre la fiscalidad del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Casero ha explicado que va recurrir al Tribunal Constitucional planteando un incidente de vulneración del principio de igualdad en aplicación de la norma, además de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Considera que hay posibilidad para reclamar al Estado con efectos retroactivos iniciando una procedimiento de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado.

El abogado ha considerado más complicado plantear un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE

El abogado ha considerado más complicado plantear un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, porque supondría volver a un juzgado de primera instancia, para solicitar una cuestión prejudicial a Luxemburgo durante el proceso.

Casero, que además es profesor de Derecho Financiero y Tributario de Comillas ICADE, ha hecho hincapié en que "es en garantía del ordenamiento jurídico que se modifica la doctrina. Si la doctrina contiene errores, hay que corregirla. Las tres sentencias son acertadas si se analizan desde diferentes criterios, y la que atribuye que el pago de este impuesto es atribuible a los bancos no es populista, sino que se ciñe al derecho tributario. Desde que se declaró su nulidad ya estaba el daño hecho".

Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas- ICADE, ha analizado la sentencia desde el punto de vista contencioso –administrativo para llegar a la conclusión de que: "es oportunista y precipitada la decisión del Gobierno de modificar este impuesto, aunque el Supremo se lo ha dejado a huevo". Y ha añadido: "ante la duda y la inseguridad jurídica generadas, el asunto no está ni mucho menos cerrado. Casi con toda seguridad los bancos conseguirán repercutir estas cantidades a los ciudadanos de otras formas".